Miguel Díaz-Canel reconoció este viernes ante la Asamblea Nacional que Cuba atraviesa “las horas más difíciles de este siglo”, durante un discurso en el que presentó 176 medidas económicas y sociales como una respuesta al deterioro del país.
El gobernante defendió las reformas con llamados a la unidad, el sacrificio y la resistencia, pero evitó asumir de forma directa la responsabilidad del sistema político y económico en la crisis.
Durante su intervención utilizó consignas como “Cuba cambia para levantarse” y “Cuba cambia para vivir mejor”. Sin embargo, no precisa cuándo comenzarán a percibirse los resultados ni cómo se financiarán las transformaciones anunciadas.
El paquete pretende ampliar la participación del sector privado, atraer inversión extranjera y descentralizar algunas decisiones.
También plantea conceder mayor autonomía a las empresas estatales y los gobiernos municipales. Las autoridades buscan además incorporar a los cubanos residentes en el exterior mediante inversiones, donaciones, transferencia de tecnología y acceso a nuevos mercados.
Entre las medidas aparece una reforma salarial para los trabajadores estatales. El salario mínimo aumentaría de 2.100 a 3.110 pesos cubanos.
También se modificarían las escalas salariales, las pensiones y las condiciones para el pluriempleo. El Gobierno anunció incentivos para jóvenes desempleados, mayor flexibilidad para el teletrabajo y una revisión de los subsidios universales.
Las reformas incluyen la eliminación de obstáculos para invertir en energías renovables y nuevas fórmulas para explotar tierras improductivas.
También se abrirían modalidades de gestión en el turismo, el comercio exterior, el mercado inmobiliario y la comercialización de combustible. Parte de los subsidios pasaría a concentrarse en las personas clasificadas por el Estado como vulnerables.
Pese a la apertura anunciada, Díaz-Canel afirmó que la empresa estatal continuará siendo el centro del modelo económico y descartó cualquier abandono del socialismo.
El Gobierno pretende utilizar capital privado, inversión extranjera y mecanismos de mercado para incrementar la producción y obtener divisas, pero sin reducir el control del Partido Comunista sobre las principales decisiones económicas.
El discurso atribuye buena parte de las dificultades a las sanciones de Estados Unidos y rechaza que las medidas sean resultado de las presiones de Washington. Las reformas llegan, no obstante, en medio de apagones prolongados, escasez de combustible, inflación, deterioro de los servicios públicos, emigración juvenil y protestas de ciudadanos afectados por la falta de electricidad y alimentos.
La intervención tampoco presentó un calendario completo de aplicación, fuentes claras de financiamiento o garantías para los productores e inversionistas.
Durante años, las autoridades cubanas han anunciado aperturas, descentralizaciones y cambios que después quedaron limitados por regulaciones, controles de precios, decisiones administrativas y obstáculos impuestos por la propia burocracia estatal.
Las reformas se presentan como una operación de rescate nacional. Su lenguaje busca transmitir esperanza y movilizar a la población en torno al Gobierno.
Sin embargo, evita explicar por qué medidas como la entrega de tierras, la autonomía empresarial, la inversión de la diáspora o el impulso al sector privado no se aplicaron antes, pese al deterioro acumulado.
En esencia, el mensaje admite que el modelo vigente no puede sostener la economía en sus condiciones actuales. El Gobierno necesita capital extranjero, producción privada y recursos de los emigrados, pero pretende obtenerlos sin modificar el monopolio político ni reconocer plenamente décadas de decisiones fallidas.
