El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en España cerró con 10.969 solicitudes presentadas por ciudadanos cubanos, según datos divulgados este jueves 2 de julio por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cifra quedó por debajo de las 16.000 peticiones que entidades académicas habían previsto inicialmente para la comunidad procedente de la Isla.
El programa recibió un total de 1.174.978 solicitudes de extranjeros residentes en territorio español. De ese volumen, las autoridades ya habían tramitado 609.737 expedientes al momento de ofrecer el balance oficial, lo que representa más de la mitad de los casos registrados durante el proceso.
La cantidad de solicitudes cubanas evidencia el interés de miles de emigrantes por obtener una situación administrativa estable en España. Sin embargo, la diferencia de más de 5.000 casos respecto a las estimaciones iniciales apunta a las dificultades que enfrentaron algunos ciudadanos para reunir y presentar la documentación exigida.
Uno de los principales obstáculos fue la obtención de certificados de antecedentes penales y otros documentos que requieren gestiones administrativas dentro de Cuba. A ello se sumó la necesidad de legalizar determinados papeles en el Consulado General de España en La Habana, un procedimiento que complicó el acceso al trámite para parte de los interesados.
Las limitaciones burocráticas en la Isla pueden afectar especialmente a quienes residen en España y dependen de familiares o representantes para solicitar documentos. Los retrasos, las citas consulares y los procesos de legalización redujeron las posibilidades de completar los expedientes antes del cierre del programa.
Del total de expedientes registrados en España, el 79,6% corresponde a autorizaciones por “circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario”. El 20,4% restante pertenece a personas que habían solicitado protección internacional, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Migraciones.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, calificó el proceso como un esfuerzo histórico impulsado por las instituciones y la sociedad civil. La funcionaria afirmó que la iniciativa buscó evitar que personas elegibles quedaran fuera y favorecer una sociedad de acogida con derechos y obligaciones para todos.
El elevado número de solicitudes refleja la dimensión de la población extranjera que permanecía en España sin una situación migratoria regular. El procedimiento abrió una vía para que cientos de miles de personas pudieran acceder a autorizaciones de residencia y avanzar hacia una mayor integración laboral y social.
Por nacionalidades, Colombia concentró el mayor número de peticiones, con el 25,9% del total. Le siguieron Marruecos, con el 13,3%; Venezuela, con el 11,8%; Perú, con el 8,8%; y Honduras, con el 4,9%, según el desglose oficial publicado tras el cierre del proceso.
Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y América del Sur. Además, el 22,9% tiene origen africano y el 8,3% proviene de países asiáticos. Los 10.969 expedientes cubanos confirman el peso creciente de esa comunidad en España, aunque también muestran el impacto de las dificultades documentales vinculadas a las instituciones de la Isla.
