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CIDH advierte condenas desproporcionadas para los manifestantes del 11J

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por el aumento de la represión en Cuba y la agudización de las condenas contra quienes participaron en las protestas ocurridas el 11 de julio.

En un comunicado publicado este viernes, la CIDH señaló que la agudización de la represión contra los manifestantes del 11J se refleja en las violaciones a las garantías judiciales y penas desproporcionadas, de hasta 25 años de privación de la libertad.

La organización exhortó al régimen a asegurar el debido proceso a todos los detenidos, basándose en los estándares interamericanos, informó Diario de Cuba.

Desde el 11J, la CIDH ha documentado las diferentes etapas de la represión estatal en Cuba, contra la que se han pronunciado ya en varias ocasiones.

En este último comunicado, nuevamente, llamaron al Estado cubano a cesar la represión, garantizar el debido proceso y ofrecer un trato digno a quienes se encuentran bajo su custodia.

En ese sentido, la organización expresó su preocupación por la incomunicación o restricciones de comunicación de líderes disidentes que se encuentran privados de la libertad.

Entre estos casos mencionaron a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia; y Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI).

La CIDH recordó que la sociedad civil cubana denunció la realización de procesos judiciales que criminalizan a los participantes en las protestas públicas, en los que la Fiscalía había solicitado elevadas condenas injustificadas.

Dichos procesos se han caracterizado por vulneraciones a las garantías judiciales, como la incomunicación de personas detenidas, interrogatorios con fines intimidatorios, y la imposibilidad de contar con una defensa jurídica adecuada.

El órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que de las más de 600 personas que permanecen detenidas, 598 estarían bajo el régimen de prisión preventiva; en particular, 396 personas tendrían sus casos en proceso de investigación; y 202, en fase de juicio oral, según datos del centro de información legal Cubalex.

De este último grupo, la Fiscalía habría solicitado penas privativas de libertad de entre 5 y 25 años para 198 personas, seis de ellas adolescentes.

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