La Oficina del Sheriff de Miami-Dade desmanteló una operación fraudulenta que involucraba a Ismer González, un cubano acusado de hacerse pasar por abogado de inmigración y estafar a inmigrantes.
Junto a él, fue arrestado un guatemalteco identificado como David Ochoa Vásquez, un pastor evangélico de la Iglesia de Dios Jireh. Ambos enfrentan graves cargos por el robo de miles de dólares a cambio de servicios que nunca se entregaron.
Según informes policiales obtenidos por Local 10 News, la trama comenzó cuando Ochoa aprovechó su posición en la iglesia para conectar a González con inmigrantes que buscaban ayuda para obtener licencias de conducir y permisos de trabajo.
Los estafadores recibieron más de 21.000 dólares en efectivo y por transferencias electrónicas, destinados a financiar un estilo de vida lujoso.
Según las autoridades, el dinero fue utilizado para adquirir productos de marcas de lujo como Gucci, Louis Vuitton, Dior, Bottega Veneta y Fendi. Además, se realizó una serie de viajes internacionales a Sudamérica y Europa.
La Operación “Sueño Robado” destapó un esquema de fraude organizado
La operación “Sueño Robado” culminó con la detención de Ochoa el jueves pasado en su casa en el suroeste de Miami-Dade, mientras que González fue arrestado tras una parada de tráfico en la autopista de peaje de Florida.
Ahora, ambos enfrentan múltiples cargos, incluidos hurto mayor, fraude organizado y, en el caso de González, el ejercicio ilegal de la abogacía.
Ochoa fue puesto bajo custodia con una fianza de 15.000 USD, mientras que González enfrentó una fianza más alta, de 62.500 USD. Las autoridades descubrieron que Ochoa completaba formularios de permisos de trabajo para González, aunque los formularios presentaban serias irregularidades.
Las autoridades instaron a cualquier persona que haya sido víctima de este fraude a ponerse en contacto con el Departamento del Sheriff de Miami-Dade o con el servicio Crime Stoppers al 305-471-8477.
Consecuencias legales
El ejercicio ilegal de la abogacía es un delito grave en Florida, con sanciones que incluyen multas y hasta 60 días de prisión. Además, las personas condenadas pueden enfrentar consecuencias a largo plazo, como antecedentes penales que dificultan su vida profesional y personal.
En cuanto a los cargos de hurto mayor y fraude organizado, los responsables podrían enfrentar penas de prisión de entre cinco y 30 años, dependiendo del monto sustraído. Las autoridades advierten sobre la gravedad de estos delitos y las serias consecuencias legales que acarrean.
