Saul Santos Ferro es el cubano que fue alto funcionario del gobierno del régimen y que actualmente se encuentra en Miami, quien luego de mentir al realizar su solicitud de residencia permanente en los Estados Unidos ha sido sentenciado a 6 meses de prisión y posterior deportación.
Esta noticia ha sido difundida a través de un comunicado emitido por la embajada del país norteamericano, donde especifican que el antillano fue declarado culpable “por hacer declaraciones falsas en un documento de inmigración, y por robo de fondos del gobierno”.
Y es que según lo que indican los documentos judiciales del caso, Santos obtuvo su residencia tergiversando la información presente en su solicitud , negando haber sido miembro de alguna unidad policial o servir como parte de operativos que involucrasen la detención de personas en su país; todo esto a pesar de que el antillano trabajó durante décadas como Mayor en el Departamento de Seguridad del Estado, practicando a lo largo de su tiempo de servicio múltiples arrestos a disidentes de la Isla.
Al llevar a cabo estas acciones, este funcionario cubano no solo alteró la información de la solicitud; sino que mintió a las autoridades estadounidenses durante el proceso de obtención de su residencia y también al momento de obtener el permiso de entrada al país.
Como si esto fuese poco, Santos Ferro también abusó de los beneficios otorgados por la Seguridad de Ingreso Suplementario (programa que busca dar ayuda financiera a ancianos y personas con discapacidad para cubrir sus necesidades básicas: ropa, vivienda, alimentos); alterando los datos de su condición de vida para que él y su esposa recibieran más dinero del que les correspondía.
El caso de Saul Santos Ferro fue investigado por diferentes entidades como el FBI, la oficina de Control de Aduanas y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, recibiendo apoyo extra de la Unidad Internacional de Derechos Humanos del FBI; mientras que los encargados de procesar dicha investigación fueron el abogado Rami S. Badawy, con la ayuda de la historiadora Joanna Crandall y el Fiscal Federal Adjunto del Distrito Sur de la Florida, Daniel Cervantes.
El juicio de este cubano se llevó a cabo en el distrito Sur del Estado del Sol, a manos del juez federal Darrin P. Gayles, quien luego de que Saul admitiera haber realizado todas estas falsas declaraciones, decidió asignarle una condena de 6 meses de cárcel, sumada a su respectiva deportación y el pago de 12,522.28 como restitución de fondos.
