La Ley de Memoria Democrática recibió 50.000 solicitudes de nacionalidad española en cinco meses
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha recibido más de 50.000 solicitudes para adquirir la nacionalidad española durante los primeros cinco meses de la Ley de Memoria Democrática, la cual entró en vigencia el pasado octubre de 2022.
Según el medio El Debate, se habían recibido 51.040 solicitudes hasta marzo, las cuales provinieron en su mayoría de países como Cuba, Argentina y otros territorios en América Latina.
Estos números sugieren que el promedio de presentación de expedientes para obtener la nacionalidad española es de 10.000 solicitudes al mes, un número que supera con creces a los de la anterior normativa que se promovió en 2007 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
El alto número se debe a que la actual Ley de Memoria democrática, mejor conocida como la Ley de Nietos, es más flexible, y está disponible para aquellos que sean descendientes de ciudadanos españoles.
En ese sentido, se sabe que uno de los mayores supuestos bajo los que se han amparado los solicitantes es el ser hijos o hijas mayores de edad de españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007.
De igual manera, es posible que la actual crisis económica que afecta a Cuba y Argentina expliquen por qué estos países son los principales solicitantes, pues sus ciudadanos esperan poder viajar al país europeo en busca de una mejor calidad de vida.
Y es que estas personas no tienen que emigrar necesariamente hacia España, pues el pasaporte español, a diferencia del cubano, es aceptado en muchos países alrededor del mundo, otorgando la posibilidad de obtener residencia en otras partes de Europa.
La denominada Ley de Nietos tiene un periodo de vigencia de dos años, los cuales comenzaron a contar a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en octubre de 2022.
Durante este periodo de tiempo, el Gobierno de España recibirá expedientes de solicitud de nacionalidad. Sin embargo, el reciente triunfo de los partidos de derecha en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo sugiere la posibilidad de que esta se paralice.
Esto debido a que el Partido Popular (PP) y el Vox se oponen a la ley, y, de ganar los suficientes votos como para ser mayoría y alcanzar un acuerdo para formar gobierno, estos podrían buscar frenarla.
La amenaza cobra fuerza si se consideran las promesas políticas hechas por Santiago Abascal, líder de Vox, las cuales aseguran que, de llegar al gobierno, daría marcha atrás con varias de las leyes tomadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal promotor de la normativa aprobada en octubre de 2022.
