Manuel Marrero culpa a cuentapropistas de la inflación y amenaza con multas
El primer ministro cubano aseguró que son los acaparadores privados los que afectan la economía, y negó la responsabilidad del régimen en la escasez
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, criticó duramente la gestión del sector no estatal, los altos precios y la falta de control en las administraciones locales, amenazando los negocios locales que rebasen los premios topados por el régimen.
Durante una reunión mensual con los gobernadores y el intendente de la Isla de la Juventud, transmitida por el canal oficial Canal Caribe, Marrero hizo un llamado a “reordenar” la relación con los actores económicos no estatales.
El funcionario advirtió que las medidas impulsadas para ampliar este sector “no pueden ir en contra del pueblo”.
“¿Qué se está contratando?, ¿qué se está pagando?, ¿qué servicio necesitamos del sector no estatal?”, cuestionó, sin aportar cifras ni autocrítica sobre el papel del Estado en la crisis económica actual.
El jefe de gobierno defendió el programa de gobierno promovido por las autoridades, que según medios estatales contempla más de 200 acciones distribuidas en 11 ejes estratégicos.
No obstante, este plan aún no ha mostrado resultados tangibles para la población, que enfrenta problemas como la inflación, la escasez y el éxodo migratorio.
En su discurso, Marrero se pronunció contra los comerciantes privados y revendedores que venden productos a precios elevados, y denunció casos como el del litro de aceite vendido a 1.500 pesos en algunas zonas.
“Y si esconden el aceite, vamos a ir atrás, a la casa-almacén esa. Y en ese caso no es multa, no es venta forzosa, es decomiso”, advirtió.
Además, exigió a los gobiernos locales aplicar con mayor rigor las regulaciones de precios.
“Estas cosas no hay que estar esperando que se diga de arriba a nivel de municipio”, declaró, dejando entrever una postura más punitiva que propositiva frente a los problemas del mercado.
En cuanto a la crisis de la vivienda, Marrero solo señaló la necesidad de “ver las alternativas para resolver, enfrentar o atenuar un problema tan complejo con un impacto social tan grande como el de la vivienda”, sin presentar iniciativas nuevas ni detalles sobre inversión o construcción.
Estas declaraciones se dan en un momento en que el gobierno ha intensificado sus críticas hacia el sector privado, al que responsabiliza del aumento de precios y el desabastecimiento, sin reconocer públicamente los desafíos estructurales del modelo económico centralizado.