Durante el primer mes de gobierno de Donald J. Trump se registraron 37.660 deportaciones, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Esta cifra, aunque suene cuantiosa, contrasta notablemente con el promedio mensual de 57.000 expulsiones que se alcanzó en el último año de la gestión de Joe Biden.
De acuerdo con Reuters, altos funcionarios del actual gobierno consultados por la agencia sostienen que es probable que se experimente un aumento en el número de deportaciones en los próximos meses, nivelando los números.
President Donald Trump deported 37,660 people during his first month in office, previously unpublished Department of Homeland Security data show, far less than the monthly average of 57,000 removals and returns in the last year of the Biden administration https://t.co/j8BrV1SGKN
— Reuters (@Reuters) February 21, 2025
La implementación de nuevas medidas para intensificar los arrestos y expulsiones podría reconfigurar la estrategia migratoria. En ese sentido, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que las estadísticas de la era Biden pueden resultar “artificialmente altas” debido al incremento en la inmigración ilegal.
La campaña de Trump se fundamentó en la promesa de deportaciones masivas, planteando la posibilidad de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados en lo que se esperaba fuera la operación de deportación más ambiciosa en la historia del país.
Sin embargo, las cifras preliminares indican que alcanzar o superar los niveles registrados durante la administración anterior podría ser más complejo de lo esperado, especialmente por el elevado número de migrantes detenidos al cruzar la frontera de manera irregular.
En un giro administrativo, Caleb Vitello, quien se desempeñaba como director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue relevado el pasado viernes por no cumplir con las expectativas del nuevo esquema migratorio.
Además, se prevé que la política de expulsiones se refuerce con nuevos acuerdos con Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica, países que han aceptado recibir a los migrantes deportados.
El involucramiento del ejército estadounidense también ha sido significativo, participando en más de una docena de vuelos de deportación hacia naciones como Guatemala, Honduras y Ecuador.
Al mismo tiempo, la administración Trump ha trasladado migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo, con planes de alojar hasta 30.000 migrantes, a pesar de la firme oposición de organizaciones defensoras de los derechos civiles.
Expertos en seguridad, entre ellos Adam Isacson de la Oficina de Washington para América Latina, subrayan el potencial de incremento en las deportaciones con el refuerzo de recursos adicionales.
Por otra parte, la administración se está moviendo para facilitar la detención de migrantes sin antecedentes penales y aquellos que ya cuentan con órdenes finales de expulsión.
Para esto último, el Departamento de Justicia emitió el mes pasado un memorando que permite a los oficiales de ICE realizar arrestos en los tribunales de inmigración, revocando una política implementada durante la era Biden.
