Piden cuatro años de cárcel para cubano juzgado por grave crimen en Canarias
De acuerdo con la acusación, el hombre habría actuado mientras la víctima dormía
Un ciudadano cubano identificado únicamente con las siglas A.M.R. será llevado a juicio en Gran Canaria, España, por una presunta agresión sexual contra una menor de edad ocurrida en la madrugada del 6 de mayo de 2023 dentro de una vivienda del sur de la isla.
De acuerdo con la acusación, el hombre habría actuado mientras la víctima, S.D.R., amiga de su propia hija, dormía en la casa.
La causa, impulsada por la Fiscalía tras la denuncia presentada en Maspalomas el mismo día de los hechos, sigue sin una sentencia firme y pasará a la Audiencia Provincial de Las Palmas para la vista oral.
Según el relato incorporado al procedimiento, el acusado colocó un colchón junto a la cama en la que descansaban su hija y la denunciante. La versión del Ministerio Fiscal sostiene que, desde ese lugar, realizó tocamientos y actos exhibicionistas mientras mantenía contacto físico con la pierna de la víctima, aunque sin que se produjera penetración.
La denunciante despertó durante el episodio y se encerró en el baño. Allí, siempre según la acusación, rechazó una petición de beso atribuida al investigado. A partir de ese momento comenzó una actuación policial y judicial que continúa abierta casi tres años después.
Fiscalía pide cuatro años de cárcel en Gran Canaria
La denuncia fue formalizada por la madre de la víctima ante la Comisaría de Maspalomas el propio 6 de mayo de 2023. El expediente quedó bajo instrucción del Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana, que ahora remitirá el asunto a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio.
Uno de los elementos más relevantes del sumario es el informe psicológico practicado a la menor. Ese documento concluye que presenta secuelas compatibles con un trastorno de estrés postraumático severo, además de síntomas disociativos y afectaciones en los planos cognitivo y social.
Con base en esos hallazgos, la Fiscalía considera que los hechos encajan en un delito de agresión sexual.
Las medidas que reclama el Ministerio Público
El Ministerio Público solicita una pena de cuatro años de prisión, sin apreciar circunstancias atenuantes ni agravantes. También reclama cuatro años de libertad vigilada y seis años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.
A ello se suma la petición de prohibición de trabajar cerca de menores durante ocho años. La acusación incluye además una orden de alejamiento y de incomunicación por otros cuatro años, así como el pago de 18.000 euros por daños morales en concepto de responsabilidad civil.
