El Consejo de Ministros de Cuba extendió, mediante el Acuerdo 10333/2026 publicado en la Gaceta Oficial, el pago de un salario especial en entidades estatales con tratamientos salariales diferenciados.
La medida redistribuye recursos no ejecutados del fondo de salario como incentivo laboral, en medio de una economía marcada por inflación, baja productividad y pérdida de poder adquisitivo.
La disposición modifica el Acuerdo 10199, aprobado el 2 de agosto de 2025, que ya autorizaba la redistribución del fondo salarial en unidades presupuestadas.
Ahora, el alcance se amplía a órganos y organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, gobiernos locales y organizaciones superiores de dirección empresarial.
Según el texto oficial, la medida busca estimular la incorporación y permanencia de trabajadores en el sector presupuestado.
En la práctica, el gobierno permite repartir fondos salariales no ejecutados entre empleados de determinadas instituciones estatales, sin que el acuerdo vincule ese pago a un aumento comprobado de productividad.
Según la prensa oficialista, en 2025 fueron beneficiados 205.287 trabajadores mediante este mecanismo. En ese periodo se redistribuyeron 1.479 millones 278 mil 295 pesos, una cifra considerable dentro de un sistema estatal que enfrenta déficit de personal, bajos salarios y deterioro de servicios básicos.
La ampliación del beneficio ocurre en un contexto económico adverso. La Oficina Nacional de Estadística e Información reportó en mayo de 2026 una inflación interanual de 15,89%, con incrementos relevantes en alimentos, restaurantes, hoteles y transporte. Esos sectores concentran gastos esenciales para la población cubana.
El principal cuestionamiento económico está en el origen del incentivo. Aunque el dinero procede de partidas presupuestadas, su redistribución eleva ingresos nominales sin generar más bienes ni servicios.
En una economía con escasez, más pesos disponibles frente a la misma oferta suelen traducirse en mayor presión sobre los precios.
Ese efecto golpea con más fuerza a quienes no reciben el pago. Jubilados, trabajadores informales, empleados fuera de esas entidades y familias con ingresos fijos continuarán enfrentando el encarecimiento de productos básicos sin una compensación equivalente. La medida puede ampliar brechas dentro de una población ya afectada por la pérdida del salario real.
El Acuerdo 10333 mantiene fuera de este pago a unidades asistenciales e instituciones educacionales cuyos profesionales de la salud y docentes ya reciben beneficios por máximo esfuerzo o sobrecarga de trabajo educativo.
Sin embargo, esos sectores siguen entre los más golpeados por la emigración, la falta de recursos y el deterioro de las condiciones laborales.
La decisión confirma la apuesta del gobierno por soluciones administrativas frente a problemas productivos de fondo. En lugar de reducir trabas, incentivar la eficiencia y ampliar la oferta, el régimen administra fondos remanentes para contener la salida de trabajadores del aparato estatal.
