Pese a una orden judicial que suspendió la aplicación de la polémica ley SB 4-C, dos hombres fueron arrestados el pasado fin de semana en Bradenton, Florida, acusados de ingresar ilegalmente al estado.
Los casos, documentados en el informe quincenal del fiscal general James Uthmeier, evidencian que las autoridades locales continúan aplicando la normativa a pesar de su suspensión, lo que mantiene al estado en desacato civil, según confirmó la agencia AP.
En abril, la jueza federal Kathleen Williams había congelado temporalmente la ley, al considerar que invadía competencias del gobierno federal en materia migratoria.
Sin embargo, el equipo de Donald Trump, bajo cuya administración se impulsaron políticas similares, ha respaldado públicamente a los funcionarios que desobedecen las decisiones judiciales, incluso llegando a sugerir el reemplazo de jueces federales que, en su opinión, “obstaculizan la seguridad fronteriza”, según reseña Asere Noticias.
El primer arresto ocurrió el sábado, cuando un oficial detuvo a un conductor por llevar ramas sueltas y equipo mal asegurado en su camión.
El hombre reconoció que su licencia estaba vencida, y tras una verificación con agentes de ICE, se confirmó que no contaba con autorización migratoria.
Un segundo arresto se registró al día siguiente, después de que otro conductor sin licencia fuera detenido por bloquear el tráfico con un motor caído en la vía.
En ambos casos, ICE emitió órdenes de detención y los acusados fueron procesados bajo la ley suspendida.
Aunque la fiscalía estatal anunció que retirará los cargos por “ingreso ilegal” al estado, ambos hombres seguirán enfrentando sanciones por conducir sin licencia.
Una nota al pie del informe indica que los dos arrestos fueron realizados por el mismo agente, quien será notificado formalmente sobre la vigencia de la orden federal.
Los nuevos incidentes se suman a otros ocurridos entre junio y agosto, elevando a ocho los arrestos efectuados bajo la ley anulada.
Pese a las advertencias de la jueza Williams, el fiscal Uthmeier envió un segundo memorando en el que afirmó que “la jueza se había equivocado” y que no podía impedir a los oficiales hacer cumplir la norma.
El gobierno de Florida, alineado con las políticas migratorias del presidente Trump, ha recurrido la decisión ante un tribunal de apelaciones en busca de limitar el alcance de la orden judicial.
El caso refleja el creciente enfrentamiento entre el poder judicial y las autoridades estatales republicanas que, siguiendo el discurso trumpista, continúan desafiando los límites de la ley federal en su cruzada contra los migrantes.
