Un desaliñado Miguel Díaz-Canel compareció ante la prensa oficialista para anunciar un paquete de reformas económicas, administrativas y sociales que se aplicarán de urgencia para enfrentar la crisis que atraviesa el país.

Sin detallarlas por completo, el dirigente comunista de 66 años explicó que lo que se implementará forma parte del Programa Económico y Social para 2026 y aún debe pasar por instancias del Partido Comunista y la Asamblea Nacional.

El régimen que Díaz-Canel administra por encargo de Raúl Castro pretende seguir ganando tiempo ante la presión de la administración de Donald Trump. Las medidas llegan en medio de una crisis marcada por apagones, escasez, baja producción, falta de divisas y deterioro de los servicios públicos.

Díaz-Canel atribuyó buena parte de la situación de miseria actual a la política de Estados Unidos, pero las reformas expuestas también evidencian problemas internos acumulados en el modelo de gestión estatal.

El economista Pedro Monreal calificó el anuncio como un pragmatismo tardío, sin conexiones suficientemente claras entre las medidas anunciadas. Además, para que cualquier cosa que se haga tenga efectos reales, se debe llegar primero a un acuerdo con EEUU.

Uno de los puntos centrales del paquete de reformas será modificar el sistema de dirección de la economía. El gobierno plantea revisar la relación entre la planificación central, los estímulos productivos y los incentivos.

La meta declarada es reducir trabas, aumentar la producción nacional, ampliar la oferta de bienes y servicios y elevar las exportaciones para obtener ingresos. Sin embargo, no se detallaron plazos, mecanismos de implementación ni garantías para impedir que la burocracia vuelva a limitar los cambios.

El paquete también prevé otorgar más autonomía a los municipios. Según la propuesta, estos podrían definir sus empresas, organizar sistemas productivos locales, importar, exportar, gestionar ingresos en divisas, promover inversión extranjera directa y establecer proyectos con cubanos residentes dentro y fuera del país.

La medida apunta a fortalecer el desarrollo local, pero su efectividad dependerá de financiamiento, infraestructura, acceso a mercados y capacidad administrativa en territorios golpeados por años de centralización.

La empresa estatal, presentada durante décadas como eje del modelo económico, recibiría nuevas facultades para decidir clientes, proveedores, salarios, uso de utilidades, asociaciones económicas y operaciones de comercio exterior.

También se prevé que pueda participar en el mercado cambiario y retener parte de sus ingresos en divisas. El gobierno sostiene que esto la colocaría en condiciones similares a otros actores económicos, aunque no explicó cómo corregirá la ineficiencia estructural de numerosas entidades estatales.

Otra línea de acción será la reestructuración del aparato estatal, gubernamental, empresarial y político. Existe un proyecto de ley que propone reducir ministerios, cargos y gastos presupuestarios.

Según Díaz-Canel, el ahorro podría destinarse a programas sociales o a una futura reforma salarial, sobre todo en el sector presupuestado.

La promesa busca proyectar una administración menos pesada, aunque el resultado dependerá de si se transfiere poder real o solo se reorganizan estructuras sin cambios de fondo.

En la agricultura, el gobierno promete entregar tierras a quienes puedan producirlas, reducir áreas ociosas, mejorar el acceso a insumos y permitir asociaciones entre actores estatales, cooperativos, privados y extranjeros.

También se plantea facilitar cuentas reales en divisas y disminuir trámites para proyectos agropecuarios. La meta oficial es avanzar hacia la soberanía alimentaria, un objetivo que contrasta con la prolongada caída del campo cubano, la dependencia de importaciones y el desabastecimiento cotidiano.

El comercio exterior tendría modificaciones relevantes. Las autoridades proponen eliminar la obligación de importar y exportar mediante intermediarios, favorecer con aranceles a quienes traigan insumos o materias primas para producir en Cuba y evaluar que algunas entidades tengan cuentas en otros países.

Además, se ampliaría el objeto de las mipymes y otros actores no estatales, con menos actividades prohibidas y mayor margen para la participación accionaria. También se buscaría aprobar proyectos pendientes y trasladar decisiones hacia los municipios.

La inversión extranjera directa será otro componente del plan. Díaz-Canel habló de quitar trabas, agilizar aprobaciones, ampliar derechos de superficie y permitir una mayor participación de cubanos residentes en el exterior y en la Isla.

Para atraer capital, el reto será ofrecer reglas estables, seguridad jurídica y garantías operativas en un país donde la economía continúa sometida al control político. Sin un marco de inserción internacional más funcional, analistas y usuarios en redes consideran que muchas de estas medidas podrían tener efectos limitados.

El paquete incluye, además, una apuesta por fuentes renovables de energía y movilidad eléctrica, con importación, ensamblaje y fabricación de equipos.

También prevé nuevas modalidades para el turismo, la gestión inmobiliaria, la importación de vehículos eléctricos, el comercio interior, la facturación electrónica y el uso de plataformas digitales.

En el plano social, el gobierno plantea pasar de subsidios a productos hacia subsidios dirigidos a personas vulnerables, revisar la política fiscal y proteger salarialmente a jóvenes calificados.

No obstante, el anuncio deja preguntas clave: ¿cuándo se aplicarán las reformas?, ¿con qué recursos, bajo qué garantías y si el sistema político permitirá que funcionen sin quedar atrapadas en los mismos controles que han limitado cambios anteriores?