El Gobierno de Donald Trump presentó el viernes 9 de octubre de 2026 una nueva moción para intentar desestimar la demanda federal Bello-Rubio, promovida inicialmente por 992 cubanos liberados en Estados Unidos con el formulario I-220A.
La solicitud fue presentada ante la jueza Jacqueline Becerra, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, con el argumento de que la corte carece de jurisdicción y que la reclamación no reúne fundamentos legales suficientes. Los demandantes tendrán hasta el 23 de octubre para responder.
El expediente judicial identificado como 1:25-cv-23665, disponible en Habeas Dockets, confirma que la Administración presentó la moción número 77 contra la segunda demanda enmendada. El escrito cuestiona tanto la competencia del tribunal como la viabilidad jurídica de las reclamaciones. Sin embargo, la presentación no constituye una sentencia ni significa que el proceso haya sido cerrado.
Gobierno de Trump insiste en desestimar demanda de cubanos con I-220A
La nueva actuación ocurre después de que Becerra rechazara el pasado 10 de septiembre una solicitud anterior del Gobierno para terminar el litigio. Asere Noticias informó entonces que aquella decisión permitió mantener abierto el proceso y continuar examinando los argumentos de los inmigrantes. La jueza, no obstante, no reconoció el formulario I-220A como equivalente a un parole migratorio.
Tras esa audiencia, el tribunal permitió que los demandantes modificaran su reclamación para precisar los fundamentos legales relacionados con su detención y posterior liberación. La segunda demanda enmendada fue presentada el 18 de septiembre. Esa modificación abrió la posibilidad de que la Administración respondiera nuevamente mediante una moción de desestimación.
Asere Noticias informó entonces que aquella decisión permitió mantener abierto el proceso y continuar examinando los argumentos de los inmigrantes
El 23 de octubre será una fecha clave para el caso Bello-Rubio
El registro judicial establece el viernes 23 de octubre como fecha límite para que los abogados de los demandantes respondan a la nueva solicitud. Los representantes legales deberán defender la jurisdicción del tribunal y explicar por qué consideran que la reclamación debe continuar. La fecha corresponde a un plazo procesal, no a una audiencia ni a una sentencia programada.
El Gobierno también presentó el 9 de octubre otros dos documentos complementarios, identificados como las entradas 78 y 79. Uno está relacionado con la solicitud de protección judicial y el otro con la posible certificación de una demanda colectiva. Ambos asuntos permanecen bajo consideración del tribunal y pueden influir en el alcance de las decisiones posteriores.
¿Qué significa esta nueva moción para los cubanos con I-220A?
La demanda Bello-Rubio comenzó con 992 inmigrantes cubanos que cuestionan la clasificación legal utilizada por las autoridades estadounidenses al dejarlos en libertad después de ingresar al país. Sus abogados sostienen que las circunstancias de esas liberaciones deben examinarse para determinar si jurídicamente correspondía concederles parole. Esa distinción resulta fundamental para quienes buscan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
El formulario I-220A permite la libertad bajo determinadas condiciones migratorias, pero no equivale automáticamente al parole requerido para solicitar la residencia mediante esa legislación. Una eventual decisión favorable sobre las reclamaciones podría abrir nuevas posibilidades para determinados demandantes. Sin embargo, el resultado dependerá de los fundamentos jurídicos que acepte el tribunal y de las circunstancias individuales.
Asere Noticias también había informado sobre la posibilidad de convertir Bello-Rubio en una demanda colectiva. Si la jueza autoriza esa certificación, el proceso podría abarcar a otras personas comprendidas en el grupo que defina el tribunal. Hasta ahora, no existe una resolución que extienda automáticamente sus posibles beneficios a todos los cubanos que recibieron una I-220A.
La atención se concentra ahora en el 23 de octubre, cuando vence el plazo de respuesta a la nueva moción del Gobierno. Después corresponderá a la jueza Becerra evaluar los argumentos y decidir los próximos pasos. Mientras tanto, la presentación judicial no modifica automáticamente el estatus migratorio de los demandantes ni concede residencia permanente a quienes permanecen pendientes de una solución.
