La crisis del suministro de agua en Cuba sigue agudizándose, afectando aproximadamente a 1,8 millones de ciudadanos, lo que representa el 20% de la población según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), que estima en 9,7 millones el número actual de habitantes en la Isla.
El deterioro de la infraestructura hidráulica, la escasez de insumos para su mantenimiento y los fallos constantes en el sistema eléctrico han agravado la situación.
El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, reconoció en una entrevista con el diario oficialista Granma que la terminación del proyecto de la conductora Marino-Palatino, en La Habana, enfrenta retrasos debido a la falta de materiales básicos como el cemento.
A pesar de la llegada de 14 nuevas bombas a la capital, la solución continúa siendo insuficiente, y miles de personas siguen sin acceso a agua potable.
La red de abastecimiento en Cuba se encuentra en estado crítico. La infraestructura envejecida y mal mantenida provoca continuas averías, dejando a numerosas comunidades sin suministro durante días o incluso semanas. Los ciudadanos dependen de camiones cisterna como única alternativa, lo que evidencia la precariedad del sistema.
Las fallas en el drenaje urbano también han cobrado vidas. Recientemente, un menor falleció tras ser succionado por una alcantarilla sin tapa durante una inundación, un hecho que las autoridades han intentado minimizar.
En un intento por mitigar la crisis, el gobierno ha anunciado un plan para reemplazar 1.312 dispositivos de bombeo con equipos de energía solar, lo que beneficiaría a unas 800.000 personas. No obstante, esta medida solo cubre el 37,4% de los equipos existentes, dejando a la mayoría de la población sin una solución efectiva a corto plazo.
Hasta la fecha, se han instalado 732 de estos dispositivos, mientras que 134 siguen en espera, lo que prolonga la incertidumbre para los afectados. La inversión total en este proyecto asciende a 13,4 millones de dólares, pero su impacto sigue siendo limitado en comparación con la magnitud del problema.
A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre la eficiencia de su sistema de gestión hídrica, las autoridades han tenido que recurrir a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para evaluar la situación del agua en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque. Este acuerdo expone la incapacidad del régimen para afrontar la crisis sin ayuda externa.
