La crisis energética en Cuba volverá a sentirse con fuerza este viernes 3 de abril, cuando se prevé un déficit de 1.555 MW durante el horario pico nocturno, de acuerdo con el más reciente parte oficial de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Esta situación anticipa nuevas y prolongadas interrupciones del servicio eléctrico en gran parte del país, en un contexto de creciente malestar social y deterioro sostenido del sistema energético.

El reporte indica que, aun con la entrada prevista de algunas unidades de generación, la disponibilidad total será insuficiente frente a una demanda estimada de 3.000 MW en el horario de mayor consumo.

Como resultado, la afectación podría alcanzar los 1.585 MW, lo que se traduce en apagones extensos que impactarán tanto a zonas residenciales como a sectores productivos.

La situación no es aislada. Según el informe, durante la jornada anterior el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas por déficit de capacidad, con un pico de afectación de 1.609 MW en la noche del jueves.

Estas cifras reflejan una tendencia sostenida de deterioro en la generación eléctrica, que se ha agravado en los últimos meses.

En la mañana de este viernes, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) presentaba una disponibilidad de apenas 1.335 MW frente a una demanda de 2.345 MW, dejando a 1.004 MW sin cobertura.

Para el horario del mediodía, se estima que la afectación alcance los 1.050 MW, lo que confirma que los apagones no se limitarán al horario nocturno, sino que se extenderán a lo largo del día.

Entre las principales causas de esta crisis se encuentran averías en unidades clave, como la unidad 2 de la central termoeléctrica Felton, así como mantenimientos programados en varias plantas, incluyendo unidades en Mariel, Renté y Nuevitas.

A esto se suman limitaciones en la generación térmica que mantienen fuera de servicio unos 429 MW, lo que reduce aún más la capacidad de respuesta del sistema.

Aunque los 54 parques solares fotovoltaicos aportaron 3.303 MWh en la jornada previa, con una potencia máxima de 563 MW, esta generación no ha sido suficiente para compensar las deficiencias estructurales del sistema eléctrico cubano.

El impacto de esta crisis energética se ha traducido en afectaciones directas a la vida cotidiana de la población, con interrupciones prolongadas que afectan el acceso a servicios básicos, la conservación de alimentos y el funcionamiento de actividades económicas.

Además, los apagones han provocado protestas en distintas localidades del país, reflejando el creciente descontento social ante una situación que no muestra señales de mejora inmediata.

Incluso figuras vinculadas al oficialismo han expresado críticas. Sandro Castro, nieto del fallecido líder Fidel Castro, ha cuestionado públicamente la situación energética, evidenciando tensiones dentro del propio entorno gubernamental frente a la magnitud de la crisis.

Analistas señalan que el deterioro progresivo del sistema eléctrico ha sido resultado de años de falta de inversión, mantenimiento insuficiente y dificultades para garantizar combustible. En este escenario, el Gobierno de Cuba enfrenta una presión creciente tanto interna como externa.

Desde Estados Unidos, algunos sectores han apuntado a la crisis energética como un factor que podría acelerar un eventual colapso del sistema político cubano, en la medida en que los apagones continúan alimentando el descontento ciudadano.

Con un déficit previsto que marcará nuevamente la jornada de este viernes, la crisis eléctrica en Cuba se consolida como uno de los principales desafíos para el país, con efectos cada vez más visibles en la estabilidad social y económica.

El gobierno cubano estableció nuevos requisitos para la instalación de paneles solares en viviendas particulares, obligando a los ciudadanos a solicitar autorización previa ante las oficinas de Urbanismo.

En medio de una crisis energética marcada por apagones prolongados y fallas constantes en el suministro eléctrico, que es de apenas un tercio de lo que necesita el país, el régimen pone trabas a los pocos ciudadanos que pueden recurrir a una alternativa.

La medida exige que cualquier persona que desee colocar paneles en su casa gestione un permiso formal, trámite que solo puede realizarse de lunes a jueves y que tarda alrededor de 15 días hábiles.

Las autoridades clasifican esta instalación como una modificación constructiva menor, lo que obliga a cumplir con el proceso administrativo antes de ejecutar el proyecto.

En el caso de empresas estatales y negocios privados, como las mipymes, los requisitos son más estrictos. Además del permiso, deben presentar documentación que acredite la compra del sistema y contar con un contrato activo con la Unión Eléctrica.

Esta exigencia amplía el control estatal sobre una alternativa energética que muchos cubanos han comenzado a explorar ante la inestabilidad del sistema eléctrico nacional.

La disposición se implementa en un contexto de crisis profunda. En los últimos meses, la Isla ha enfrentado cortes de electricidad que se extienden por varias horas al día, afectando la vida cotidiana, la producción y el acceso a servicios básicos.

Ante esta situación, numerosos hogares han intentado buscar soluciones propias, como el uso de paneles solares, pese a los altos costos y la limitada disponibilidad de equipos.

Sin embargo, la nueva regulación añade obstáculos a esa opción. Para muchos ciudadanos, el requisito de autorización representa una carga adicional en un entorno ya marcado por la escasez y la burocracia.

La reacción ha sido inmediata en redes sociales, donde se han multiplicado las críticas y comentarios que cuestionan la medida.

Algunos usuarios han expresado preocupación por posibles demoras, mientras otros advierten sobre el riesgo de que se generen espacios para prácticas irregulares en la aprobación de permisos.

Este escenario coincide con otra política impulsada por la Unión Eléctrica, que busca captar divisas mediante un esquema vinculado a la energía solar. En lugar de vender paneles directamente, la empresa propone a los ciudadanos pagar en dólares por una cuota de energía generada en parques solares estatales.

A cambio, se ofrecerían descuentos mensuales en la factura eléctrica. El plan contempla contratos de entre 2 y 20 años. Por ejemplo, una persona que pague 600 dólares por 1 kilovatio durante dos décadas recibiría una reducción fija en su consumo mensual.

Sin embargo, al comparar el monto pagado con el ahorro proyectado en pesos cubanos, la relación resulta desfavorable para el consumidor.

Esta iniciativa se suma a otras medidas que reflejan la creciente dolarización parcial de servicios en el país. En medio de una economía con bajos salarios en moneda nacional, la exigencia de pagos en divisas para acceder a beneficios energéticos limita aún más las opciones para la mayoría de la población.

La combinación de apagones, restricciones administrativas y esquemas de pago en dólares evidencia las dificultades del sistema energético cubano.

Mientras el Estado mantiene el control sobre el sector, los ciudadanos enfrentan trabas adicionales para resolver por su cuenta la falta de electricidad en un contexto de crisis prolongada.