El régimen cubano informó este martes que mediante la aprobación del Decreto 41/2021, el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) será sustituido por el Instituto de Información y Comunicación Social, que “tiene la misión de conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno”.
Según la nota de la ACN, en los próximos treinta días, a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley, se establecerán las funciones específicas, estructura y composición del recién creado Instituto de Información y Comunicación Social.
El texto publicado en la Gaceta Oficial número 96, señala que entre las funciones que tendrá la institución destacan: “proponer el perfeccionamiento de la Política de la Comunicación Social, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana”.
Asimismo, la prensa oficialista indica que la creación este organismo y extinción del ICRT responde a la ausencia de una institución que “conduzca y controle el sistema de comunicación social para fortalecer la institucionalidad del país”.
Hace apenas una semana, el régimen de la Isla aprobó el Decreto-Ley 35, que viola y limita el derecho a la libertad de expresión en el país.
De acuerdo con el texto publicado el pasado 17 de agosto en la Gaceta Oficial de Cuba, este Decreto-Ley “De las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación, y el uso del Espectro Radioeléctrico” ampara un nuevo nivel de censura, antes limitado por la falta de legislación al respecto.
Sin embargo, ahora, con la normativa será oficialmente ilegal el empleo de cualquier medio virtual o de telecomunicación con mensajes que atenten contra los intereses del régimen, por motivos de “ciberseguridad”.
“Bajo esta nueva resolución, serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país en el entorno de la red de redes como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión”, comentó en conferencia de prensa Pablo Domínguez Vázquez, Director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones de Cuba.
El Decreto-Ley expone que podrían ser penados aquellos que en redes sociales compartan “noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país”.
Es importante destacar que, esta legislación llega tras las protestas masivas contra el mandato de Miguel Díaz-Canel el pasado 11 de julio, donde miles de cubanos se lanzaron a las calles del país a exigir libertad.
