El senador estadounidense por Florida, Rick Scott, anunció su intención de reintroducir en el Congreso la “Nueva Ley Stop Maduro”, un proyecto que busca intensificar las acciones contra el dictador venezolano Nicolás Maduro.
La iniciativa está diseñada para incrementar la presión sobre Maduro, acusado de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Para ello, se proponen varias medidas, entre ellas la de elevar a 100 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura y condena del mandatario.
Según el senador, esta acción refuerza el compromiso de los Estados Unidos con la justicia, la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
The Venezuelan people have made it overwhelmingly clear that President-elect @EdmundoGU is their rightful leader in an effort led by opposition leader @MariaCorinaYA. They want a new day of freedom and democracy – the time of Maduro’s oppressive dictatorship is OVER. In support… pic.twitter.com/ErfNiTIPOi
— Rick Scott (@SenRickScott) January 9, 2025
La financiación de esta recompensa provendría de los activos confiscados al régimen chavista, los cuales suman aproximadamente 450 millones de dólares, de acuerdo con datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). Este enfoque busca evitar el uso de fondos federales, preservando así los recursos de los contribuyentes estadounidenses.
El republicano cuenta con el apoyo de otros legisladores, como el senador Marco Rubio, en este esfuerzo por enfrentar las acciones del régimen venezolano. En palabras de Scott, el objetivo de esta legislación es “devolver la libertad y la democracia al pueblo venezolano”, respaldando la lucha de la oposición y la sociedad civil en ese país.
El anuncio de esta propuesta se produce en un contexto de prolongadas tensiones entre Washington y Caracas. Desde 2020, el Departamento de Estado de EEUU (DOS) ofreció una recompensa inicial de 15 millones de dólares por información que permita la captura del dictador, a quien se acusa de estar involucrado en narcotráfico y lavado de dinero.
La “Nueva Ley Stop Maduro” busca elevar significativamente esta cifra, enviando un mensaje claro sobre la postura de los Estados Unidos contra el chavismo.
Además, Scott subrayó que la utilización de los bienes confiscados al entorno de Maduro es una estrategia justa que convierte recursos ilícitos en herramientas para fortalecer la democracia. Entre estos bienes se encuentran propiedades y activos valorados en cientos de millones de dólares, pertenecientes a altos funcionarios y colaboradores cercanos al régimen chavista.
La propuesta también responde a las solicitudes de la comunidad venezolana en el exilio, que ha exigido una postura más enérgica contra la dictadura chavista. Este proyecto refuerza la política de máxima presión que ha caracterizado la relación entre Estados Unidos y Venezuela, manteniendo la presión sobre el régimen mientras se busca una salida democrática a la crisis.
Aunque cuenta con el respaldo de varios legisladores republicanos, la aprobación de esta iniciativa dependerá de las negociaciones en ambas cámaras del Congreso.
