El Gobierno castrista ha anunciado la suspensión de las actividades laborales y educativas durante los días 14 y 15 de febrero, esto como medida de emergencia ante el agravamiento de la crisis energética que atraviesa el país.
La disposición, que excluye a los sectores considerados esenciales, tiene como propósito reducir el consumo eléctrico en medio de una situación crítica marcada por el déficit de generación y la escasez de combustible.
La titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito Cabrera, comunicó la decisión a través de redes sociales, afirmando que esta acción busca “contribuir al ahorro energético”.
La crisis eléctrica en la Isla se ha intensificado en los últimos meses con la ocurrencia de prolongados apagones, incluyendo tres colapsos nacionales del sistema eléctrico. Las fallas han sido atribuidas al deterioro de las plantas termoeléctricas y a la falta de recursos para la importación de combustible necesario para la generación.
En este contexto, la Unión Eléctrica de Cuba informó sobre una avería en la termoeléctrica Felton 1, una de las principales generadoras del país. El desperfecto en su sistema de enfriamiento representa un serio riesgo para su operatividad y requerirá aproximadamente 20 días para su reparación.
La empresa estatal detalló que antes de iniciar los trabajos será necesario un proceso de enfriamiento de la turbina que tomará siete días, lo que agrava la ya precaria situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La falta de divisas para la compra de hidrocarburos en el mercado internacional ha reducido drásticamente la capacidad de generación eléctrica.
Al mismo tiempo, el desvío de recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura energética ha provocado cortes de electricidad prolongados en todo el territorio nacional. Frente a este panorama, la suspensión temporal de actividades es vista como una medida para evitar un colapso total del servicio.
De acuerdo con testimonios recabados dentro del país, hay regiones donde los cortes eléctricos han superado las 72 horas continuas, afectando tanto a la población como a sectores clave de la economía, entre ellos la producción industrial y el comercio.
Como paliativo, las autoridades han informado que los trabajadores perjudicados por la suspensión recibirán una compensación equivalente a su salario base, según lo establecido en el Código de Trabajo vigente.
No es la primera vez que el Gobierno cubano implementa medidas similares en un intento por aliviar la crisis energética. Sin embargo, la persistencia del problema pone de manifiesto la falta de soluciones estructurales que garanticen un suministro estable y confiable de electricidad.
El impacto de los apagones en la vida cotidiana es considerable, con afectaciones que van desde la conservación de alimentos hasta la comunicación y el acceso a servicios básicos. La incertidumbre sobre la recuperación del sistema eléctrico ha generado un creciente malestar social, con denuncias en redes sociales que critican la falta de inversión en infraestructura energética y la dependencia del país de importaciones de combustible.
A pesar de la justificación oficial sobre la suspensión de actividades, la población sigue sin recibir respuestas concretas sobre cuándo se estabilizará el suministro eléctrico, mientras la crisis energética continúa profundizándose en la Isla.
