Cientos de miles de cubanos en Estados Unidos que poseen el formulario I-220A enfrentan una creciente incertidumbre ante las nuevas medidas migratorias implementadas por la administración de Donald J. Trump. Esta comunidad ha manifestado su preocupación y están solicitando un tratamiento diferenciado, pues aseguran que muchos de ellos enfrentan riesgos reales si son devueltos a Cuba.
Uno de los casos más representativos es el de Yunior Luis Pino Pérez, un activista cubano que abandonó la Isla tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021. En declaraciones a Martí Noticias, expresó su temor ante la posibilidad de ser deportado.
“Mi vida corre peligro en Cuba, después de haber sido chantajeado y obligado a exiliarme. Simplemente, no puedo regresar”, afirmó.
El I-220A es un documento que concede la libertad bajo palabra a ciertos inmigrantes que fueron detenidos en la frontera y posteriormente liberados. Sin embargo, este estatus no se considera un parole para efectos de la Corte de Inmigración, lo que impide a los cubanos acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y obtener la residencia permanente. Como resultado, se encuentran en una situación legal incierta, con el asilo político como única vía de protección.
Ante este escenario, los afectados han salido a las calles en Washington y Miami para exigir una respuesta del gobierno. Su causa ha sido respaldada por la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, quien ha expresado su apoyo, aunque hasta el momento no se ha logrado una solución definitiva para regularizar la situación de más de 300.000 cubanos en Estados Unidos.
“Setenta y siete millones de personas votaron a favor de que Trump saque a los criminales. Que se vayan todos. El problema es que la gente buena sea protegida y en eso estoy”, declaró Salazar, quien representa el distrito 27 del sur de Florida, que abarca gran parte del condado de Miami-Dade.
El panorama se complica aún más con las recientes decisiones del gobierno de Trump, que han endurecido las políticas migratorias.
La eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y el aumento de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son señales de un enfoque más estricto. De acuerdo con la agencia, se están realizando más de 1.000 arrestos diarios de inmigrantes indocumentados en diversas ciudades del país.
Tom Homan, asesor en temas migratorios del gobierno, ha señalado que la prioridad es “atrapar a tantos delincuentes como sea posible”.
Un informe interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sugiere que aquellos migrantes que ingresaron con parole humanitario o a través de la aplicación CBP One podrían enfrentar procesos de deportación acelerada.
Además, se ha instruido a los agentes para que realicen operativos en hospitales, iglesias y escuelas, lugares que tradicionalmente eran considerados refugios seguros para los migrantes.
El abogado de inmigración Ismael Labrador advirtió que, aunque no ha habido cambios específicos en la política hacia los cubanos con I-220A, es crucial que mantengan en regla su documentación. Recomendó portar siempre una identificación válida, permiso de trabajo y pruebas de un caso de asilo en trámite.
“La mejor protección para todos los casos, ya sea I-220A, parole humanitario o CBP One, es el asilo”, concluyó el experto.
